SANTOS MARKA TULA Y LAS DEMANDAS DE LOS CACIQUES APODERADOS EN LA PRIMERA PARTE DEL SIGLO XX


Por: Marcelo Ramos Flores - Historiador. marcelorf80@gmail.com / Publicado en Revistas Bolivianas (www.revistasbolivianas.org.bo)

Previas consideraciones1

De alcance trascendental y llamativo es la figura de Santos Marka Tula, comunario aymara. Nació en el año de 1879, en la comunidad originaria de Ilata, provincia Pacajes (hoy Gualberto Villarroel), departamento de La Paz.
No fue un impedimento su limitado conocimiento de la lectura y escritura, instrumentos que le sirvieron en sus demandas sociales. Marka Tula utilizó estos medios para tomar contacto con los caciques apoderados de Bolivia. De tal forma, con esta unión, formó una importante red de alianzas en demanda de sus legítimos derechos territoriales.
Haciendo una breve retrospectiva histórica, el reconocimiento de autoridad originaria se estableció antes del período colonial; propiamente se originó en los ayllus o sistemas de organización social de los pueblos andinos del occidente.
En lo posterior, esta distinción en su mayoría se dio por el vínculo consanguíneo o cacical de familia. Por su condición, eran reconocidos como ciudadanos dignos ante las autoridades gubernamentales. Así por ejemplo:
Cada una de las autoridades indígenas de acuerdo a su jerarquía cumplía sus funciones específicas y obligaciones con su comunidad y el Estado a que dependían. Los caciques durante la colonia eran máximos representantes y gobernadores de todos los ayllus agrupados en repartimientos. Entre los primeros caciques que aparecen como tales tenían a su ascendencia colonial como Faustino Lanqui, Dionisio Paxipati y Santos Marka Tula.2

En esta oportunidad, sirve también mencionar a Lorenzo Ramírez, apoderado general de los ayllus de Mohoza en el departamento de La Paz; Juan Lero, apoderado del ayllu de Peñas, departamento de Oruro y por último a Feliciano Condori, comunario de la provincia Cercado del departamento de La Paz. Estos representantes de igual forma lucharon por sus demandas sociales. También debe agregarse a estos representantes comunarios una extensiva lista de caciques apoderados de Bolivia, que en las posteriores líneas daremos a conocer.
Los nombramientos de autoridades fueron reconocidos por los gobernantes en los primeros años del período republicano, quienes en uso de sus atribuciones registraron su legitimidad en las leyes promulgadas. Cual testimonia la siguiente disposición:
No siendo un concepto del Gobierno contrario a la Constitución el nombramiento de los Hilacatas cuya única incumbencia es auxiliar la recaudación de la contribución indígena, dispone S.E. el Presidente que en este punto se esté a la costumbre establecida, lo mismo que en orden del número de alcaldes de campaña que las comunidades acostumbran elegir.3
Aunque vano fue este reconocimiento, puesto que el régimen republicano, que de igual forma o mucho más radical, sometió a los habitantes de las distintas comunidades a un estado de explotación.
A esto se debe añadir la usurpación de sus territorios, que en muchas ocasiones originaron conflictos alarmantes en los años de 1856 y 1860.

Los aymaras no solo respondieron a agresiones directas, también iniciaron procesos de lucha cuando gobiernos de corte liberal formulaban proyectos contrarios a sus intereses. En la provincia de Omasuyos los conflictos fueron muy intensos. Los ayllus iniciaron litigios, recurriendo a la violencia formaron alianzas con autoridades locales y vecinos de pueblos y participaron en movimientos políticos. Estos esfuerzos se desplegaron para frenar la toma de tierras comunales, el debilitamiento de la organización económica y social tradicional a los abusos cometidos por autoridades corruptas.4
En la administración gubernamental de Mariano Melgarejo (1866-1871), decretó medidas en contra de la población indígena. Los territorios usurpados pasaron a manos del gobierno.

Como justa medida a sus legítimos derechos, los caciques apoderados lucharon ante la adversidad de las circunstancias.
Otro ejemplo de consideración. Durante la Guerra Federal de 1899, la masiva población indígena del altiplano fue engañada hábilmente. La Junta de Gobierno Republicana Federal, dirigido por un grupo de diputados pertenecientes al departamento paceño, acordó con el General José Manuel Pando llevar a cabo el proyecto federativo. Pando, militar de alto rango, se dio cuenta que la fuerza con que contaba no iba a ser lo suficiente para derrotar al gobierno de Severo Fernández Alonso. Entonces utilizando su experiencia militar y amistad, se puso en contacto con uno de los principales líderes aymaras: Pablo Zárate Willka. Willka organizó en el altiplano un gran contingente militar. Por un acuerdo, Pando recibió el apoyo de los aymaras a cambio de la restitución de sus tierras de origen.
existen fundadas razones para asegurar que las relaciones de amistas política existentes entre Pando y Zárate no fueron un mito; que Pando había gozado de la simpatía y del apoyo moral de los "indígenas" dirigidos por Zárate. Por lo menos desde el referido año de 1896; que ellos, los indígenas encabezados por Zárate reconocían a Pando como a su caudillo supremo y que Zárate escribía y visitaba al entonces coronel Pando en su residencia de La Paz.5
Estas circunstancias posteriormente influyeron en la conciencia racial indígena. Aunque irónicamente el triunfo de los liberales trajo la persecución y la pena de muerte de los principales líderes aymaras.
A partir de 1900 mediante varias solicitudes de escritura, los caciques apoderados hicieron llegar ante los distintos órganos de poder, varias demandas a sus reivindicaciones sociales.
En esta oportunidad, tomamos varios ejemplos de los mismos, hasta la aparición de Santos Marka Tula.
N° 100 a la solicitud de Pablo Yujra, apoderado general de los indígenas de Viacha, provincia de Pacajes, que pide la sustitución de impuesto territorial con el catastral. Que los mencionados indígenas tienen títulos primordiales de composición con la Corona de España en tiempos del coloniaje, por consiguiente, son propietarios de la categoría de los particulares, que poseen propiedades con este mismo título.6
Al no ser atendidos los representantes comunarios a sus solicitudes, surgieron en este caso, los levantamientos indígenas. En abril de 1905, varios indígenas de las ex comunidades de Cumaná Jeyres y Villa Huaurira, en número aproximado de 500 habitantes, atacaron la finca de Coana. Todo se debió a que los hacendados de dichos fundos, sacaban provecho con los trabajos gratuitos de la prestación vial. Por estos abusos, comunarios del lugar atacaron las mencionadas haciendas.
Casi simultáneamente y de características similares, se produjo en la finca de Quellcata, hacienda ubicada a corta distancia de la ciudad de Oruro. Otro levantamiento, motivado debido a que hacendados propietarios sometieron abusivamente a los indígenas del lugar.

En estos primeros años del nuevo siglo, salió la resolución y la correspondiente pena de muerte a los reclusos de la hecatombe de Mohoza. La comunicación emitida informó de la siguiente manera:
Visto el testimonio e informe de la sentencia de muerte pronunciaba contra los autores de la hecatombe de Mohoza y considerando que los hechos motivaron a la sentencia, tuvieron lugar en febrero del año de 1899, es decir cerca de diez años, habiendo fallecido los principales autores que sujetos a los sobrevivientes a la pena capital. Sin embargo, de la prisión de tantos años importaría aplicarles doble pena contra todo principio legal; que en materia penal sigue la doctrina de ampliar la favorable y restringir o lo odioso, cuando para ello concurran con sentencias especiales, cual sucede en el caso concreto en uso de la atribución otorgada por el articulo 89 caso 1 de la Constitución Política del Estado y de acuerdo con lo prescrito por los artículos 1 y 2 de la ley del 3 de noviembre de 1840. Se resuelve constituirse la pena de muerte impuesta a los reos de la hecatombe de Mohoza, en la de diez años de presidio.7


El enfoque social de entonces fue desigual para los aymaras y quechuas. A los privilegios de las autoridades gubernamentales, se sumaban las leyes favorables para ellos.
Otra solicitud de amparo de los indígenas de Tihuanacu, fue realizada por representantes del mismo lugar, con el siguiente registro.
N° 84. H. SEÑOR PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS:
Claman amparo de sus derechos de propiedad de tierras comunarias, refiriendo contratos nulos y forzados por parte de funcionarios prohibidos para adquirirlas y la actual presión que se ejerce para la completa absorción de la comunidad de Tihuanacu y piden que en cumplimiento de la ley se haga efectiva la minuta de comunicación que indican.
Los indígenas comunarios de Tihuanacu Pedro Celestino Condori, hilacata del ayllu Chambi, Francisco Patti, principal del ayllu Achicata Grande y Pedro Colque de la misma parcialidad, con el mismo respeto ante la H. Cámara de Diputados, haciendo uso del derecho de petición, en ningún tiempo restringido para implorar justicia y protección del poder público que vela por las garantías de los bolivianos consagrados en la Constitución del Estado.8
Por lo general, fueron el corregidor, el cura, hacendados, políticos y autoridades judiciales quienes cometían arbitrariedades contra la clase indígena.

En defensa de la comunidad y sus derechos, los mismos comunarios en varias ocasiones designaban a sus propios defensores. Las comunidades avalaban esta representación, un caso específico ocurrió con Francisco Tancara, cacique apoderado de Calacoto, provincia Pacajes. Esta autoridad en el año de 1910 fue reconocida por nueve jilacatas, incluyendo a su alcalde parroquial del mencionado lugar. Tancara con su posición tenía que realizar actividades administrativas, militares, eclesiásticas, suprimir e informar, apelar y defender a los comunarios del lugar.
Fueron numerosas las solicitudes presentadas por las autoridades indígenas pidiendo amparo administrativo contra individuos que tenían el poder. Otro ejemplarizador caso de las tantas solicitudes, se produjo en la provincia de Ingavi.
Al transcurrir enero de 1913 indígenas de las ex comunidades de Irpa Chico designaron apoderada defensora a una mujer, cuyo nombre fue Julia Fernández Antezana. En dicha región, formó el centro de sus operaciones, con su designación colocó en jaque a los propietarios de las ex comunidades denominadas: Jacha Irpa, Cuquiñuma, Chojñapuco, Challuncoyoni y Chekehuma; todas estas fincas establecidas desde hace varios años.
El documento por el cual se concedía atribuciones de parte de los aymaras fue en base de la siguiente escritura:
Iguala. Nosotros los hilacatas y alcaldes Agustín Chipaguanca, apoderado; Remigio Pocoguaca, Lorenzo Callisaya, Rosa Choque, Gregorio Pocohuanca, Víctor Condori y Nicolás Kapahuiri, alcalde de los demás indígenas; todos mayores de la edad, naturales de las ex comunidades de "Irpa Chico", que sostenemos varios juicios civiles con Petrona Rojas y Victoria de Pinilla, para cuya defensa hemos acordado tomar la apoderada a la señora Julia Fernández Antezana, quien queda autorizada para contratar un abogado y procurador que a su juicio crea conveniente para la buena marcha de nuestros asuntos para lo que hemos dado el correspondiente poder a la indicada señora, otorgado ante el notario especial y en quien convenimos ante cualquier alcalde parroquial.9
Tarde o temprano alguien tenía que reclamar ante los tribunales de justicia sobre los derechos indígenas. Cuando marchaban adelante estos procesos, sorpresivamente apareció el movimiento subversivo de 1914.

LA SUBLEVACIÓN INDIGENAL DE 1914
Valiéndose de habilidades de engaño, los hermanos Humberto y Eusebio Monroy, en complicidad con el indígena Martín Vásquez, formaron una especie de sociedad explotadora a la raza autóctona. El sitio de operaciones fue el pueblo de Corocoro, que fue por entonces la sede principal, desde donde se dirigían los atentados.
Los tres personajes emprendieron en agosto de 1912 un viaje a Lima. De regreso a la ciudad de La Paz, emitieron la falsa noticia de haber adquirido en el antiguo Archivo del Virreynato del Perú, valiosos documentos que acreditaban derechos innegables para los indígenas de todas las tierras, aun aquellos que constituían propiedades privadas. Impresionaron a los representantes de las comunidades que obtuvieron testimonios, para tal objeto recaudaron de más de 50 apoderados un considerable monto de dinero.10
El resultado de esta situación originó el levantamiento en varios puntos del país. Ante estas medidas que tenían connotaciones peligrosas, las autoridades policiales empezaron a capturar a los principales representantes y apoderados de las comunidades de Ayo Ayo, Sica Sica, Umala, Sapahaqui, Desaguadero, Viacha, Achocalla, Tihuanacu, Pucarani, Huarina y Achacachi.11
La sublevación de 1914 es importante para nuestro trabajo por ser el primer rebrote organizado del movimiento indio de resistencia a la expansión del latifundista en el presente siglo. A partir de su resistencia general de comunarios de hacienda (que se negaron a servir al patrón porque custodiaba su condición de propietario) e indios lanzados, cuyos objetivos no solo se circunscribieron a la defensa de las comunidades libres, sino también a la recuperación de las comunidades usurpadas.12
Poco después de esta sublevación realizada en marzo de 1914, los resultados fueron lamentables para las autoridades indígenas, quienes sufrieron violentas torturas personales. Mediante amplia resolución, los caciques apoderados de las provincias de Omasuyos, Loayza, Los Andes, Camacho, Larecaja, Ingavi, Sica Sica y Pacajes, decidieron emitir un amplio memorial ante la Cámara de Diputados. Pidieron respetuosamente la cesación de las persecuciones producidas a consecuencia del subversivo levantamiento.

Durante estas persecuciones violentas, las autoridades policiales quitaron los títulos de propiedad a los comunarios capturados. Usurpados los expedientes originales, se hizo difícil recuperarlos, puesto que provocaba gastar grandes sumas de dinero ante los órganos de justicia. Esto derivó que personas de influencia pública y económica trataron de adueñarse de los extensivos territorios de las comunidades.
En el proceso judicial los apoderados indígenas fueron sometidos a trabajos forzosos, a pesar que estaban prohibidas por las leyes de la Constitución. Varios meses después, la Comisión de Diputados emitió la siguiente respuesta a la solicitud de los comunarios.
Careciendo de personería legal, el ocurrente Dionisio Paxipati para presentar el anterior memorial en que figuran muchos indígenas comunarios y de distintas provincias del departamento de La Paz; vuestra Comisión de Peticiones estima que debe ser devuelta la solicitud, para que se subsane la falta extrañada, acompañando el correspondiente poder, otorgado por dichos indígenas.13
Al año siguiente se registró un suceso criminal provocado por comunarios de Patacamaya contra el apoderado indígena Atanasio Tapia, el atentado dejó como saldo el incendió de su casa y el saqueo de pertenencias. El origen de este crimen fue la suplantación de escrituras de las propiedades compradas por los terratenientes de la hacienda de Viscachani
El telegrama informó:
Señor Director "La Verdad". Por instrucciones Alfonso Valenzuela, mayordomos e indios estos asesinaron apoderado indígena propietarios, haciendo a varios incendiándoles, saqueando hasta arrancar la lengua al finado Atanasio Tapia. En este momento los indígenas trataron de atacar pueblo Patacamaya, cumpliendo instrucciones para victimar principales vecinos. Pedimos auxilio.14
Luego que se recibió la noticia por telégrafo, la Prefectura envió al lugar de los sucesos un contingente de policías, para la protección del pueblo de Patacamaya.
Otra sublevación con características de consideración se desarrolló en el mes de julio de 1916. El punto de agitación se originó en la provincia de Pacajes. El principal objetivo de esta insurrección fue recuperar documentos correspondientes a las tierras de origen, que en años anteriores algunos abogados y personas vinculadas con el poder político, engañaron en la compra de varias propiedades.
Para la devolución de esas extensas sayañas, los insurgentes utilizaron como táctica una sublevación general. Esta disposición haría peligrar el orden público con fatales consecuencias. Comenzaron estos movimientos en las fincas de Alantani, Tuli, Laura y Arpa, jurisdicción de Caquiaviri.
La gravedad de esta insurrección repercutió rápidamente en la provincia de Omasuyos, lugar en el cual fueron capturados los siguiente comunarios: Nicolás Lipa, Remigio Limachi, Florencio Poma, Simón Luque, José María Lipa, Mariano Limachi, José Lipa, Idelfonso Mamani, Rufino Quispe, Bernabé Perca, Lorenzo Murillo, Pascual Gutiérrez, Armando Andrade y Mariano Quispe.15
De característica semejante o quizá mucho más radical fue el levantamiento indígena en territorio chaqueño. Esta rebelión se originó a raíz de la esclavitud en que sometían empresarios azucareros argentinos del Chaco. Naturalmente esta situación inquietó a los Tobas y Tapietes, quienes dirigidos por su principal cacique, denominado el "Temible Taikolik", dejó como resultado, su terrible asesinato.


A principios del mes de octubre pasado ha sido fusilado por la Policía argentina en Campo Durán, a pocas leguas al sur de Yacuiba el así llamado "Gran Capitán" de los Tobas Taikolik y este hecho debe haber influenciado poderosamente para que haga explosión a efervescencia que se notaba entre las tribus del Pilcomayo.16
Sirve tomar estos parámetros coyunturales sobre la aparición antipada del líder aymara, Santo Marka Tula, a quien destacamos en esta investigación.
Santos Marka T ula
Después del significativo año de 1914, Marka Tula aparece en diferentes circunstancias referido a levantamientos indígenas. Durante octubre de 1916 varios comunarios de Caquiaviri, provincia Pacajes, acordaron levantarse contra los patrones de hacienda.
Anoticiados las autoridades judiciales de estos acontecimientos, convocaron a los principales indígenas del lugar para sostener un diálogo. Al pueblo de Caquiaviri llegaron aproximadamente cinco mil indígenas de los alrededores; quienes manifestaron devolver el dinero para recuperar sus propiedades. Las autoridades de Estado dijeron que este pedido podría producir la escazes de productos en el próximo año; a lo que los aymaras contestaron que preferirían morir de hambre antes que continuar en la situación en que se encontraban.

Además de estos argumentos, se quejaron contra los atropellos del subprefecto Monje, que en más de una ocasión, envió gente armada para victimar a los habitantes del lugar.
En gran cabildo acordaron reivindicar sus derechos. La magnitud de esa conmoción llegó rápidamente a la provincia de Omasuyos. Precisamente en ese lugar se originó otro levantamiento. Prontamente los principales cabecillas fueron arrestados; así podemos señalar a Francisco Imaña, Dionisio Choque, Joaquín Quispe, Mariano Poma, Francisco Saire y Dionisio Paxipati.
Al año siguiente (1917), continúo intensificándose esta medida en la jurisdicción de Pacajes. Naturalmente los rebeldes entraron en prisión. A la anterior lista de capturados, aparecen Manuel Mamani, Francisco Castillo y Santos Marka "Pula.17
Un par de años pasaron de estas injustificadas capturas. Nuevamente sonó en los oídos de la población paceña otra sublevación protagonizada en la región de Jesús de Machaca.
El despotismo de Lucio Estrada, corregidor (antes de 1920), no era algo extraño para los indígenas de las comunidades de Jesús de Machaca y San Andrés. Varios años antes de la sublevación Lucio era conocido como uno de los gamonales más despóticos de la zona. En 1912 los vecinos e indígenas del cantón de San Andrés de Machaca ya denunciaron ante la Prefectura del departamento de La Paz que el corregidor de Jesús de Machaca, Lucio Estrada, en compañía del corregidor de San Andrés de Machaca cometían una serie de abusos y atropellos contra ellos.18
Otro hecho que motivó este levantamiento en esa región, ha sido la influencia de la religión protestante de los adventistas, quienes crearon algunas escuelas para indígenas en el altiplano paceño. Principalmente estos pequeños núcleos educativos funcionaron en las provincias de Omasuyos, Pacajes, Ingavi y Los Andes. Los religiosos protestantes consiguieron la correspondiente autorización del Ministerio de Instrucción a partir de 1920.


Una vez catequizados los indígenas de Jesús de Machaca, agarraron las imágenes de los templos católicos, impulsados por su conducta pretendían arrojarlos a un río. Este acto dio lugar a un enfrentamiento entre los propios indígenas; muchos de los cuales eran devotos de la religión católica.
Sin embargo, este alzamiento ya se había originado desde abril de 1920 en otros lugares de Bolivia. Una carta enviada desde Sucre a La Paz manifestaba que Santos Marka Tula era el principal agente de contacto entre los cabecillas.
La carta manifiesta el siguiente detalle: 19
Sucre, abril 20 de 1920
Señor Manuel Churqui, La Paz
Estimado amigo
Saludando atentamente y deseando su buena conservación, quedo yo como siempre a sus órdenes y mandatos.
La presente nota tiene por objeto comunicar que los expedientes que dice que ha mandado Feliciano Condori, ha recogido Santos Marca Tola para que haga archivar, pero no tiene ni un centavo con qué archivar, tampoco tiene plata para venir a esta ciudad, está en estado lamentable, deben mandarle precisamente dinero, ya sea por correo o por giro telegráfico, lo más pronto posible.
Esperando urgente su contestación por el próximo correo; su contestación que venga dirigida a mi abogado doctor Ricardo Pozo
Sin más soy a usted A. S. S.
Pablo Condo de la Cruz, Cacique Gobernador

Algunos días antes que estallara la sublevación de Jesús de Machaca, Santos Marka Tula fue capturado por tener afanes sospechosos. Reveló en sus declaraciones que era conocido como "general de los indígenas".
Previo a las notas enviadas de Marka Tula a los periódicos de prensa, apareció un comunicado de representantes originarios. Durante agosto de 1920, comunarios de la población de Tihuanacu clamaron amparo de justicia a las autoridades gubernamentales.
En la solicitud enviada, aparecen los siguientes originarios:
Francisco Solitupa, hilacata, Mariano Marín, Dionisio Patzipati, Idelfonso Cruz, Paulino Quispe, Manuel Condori, Carlos Condori y Domingo Patti; originarios del ayllu Achaca: Antonio Patti, Manuel Coronel, Domingo Colque, Josefa Patti, Manuel Taza, hilacata del ayllu Achuta, Santos Colque, hilacata originario, Tiburcio Chambilla, alcalde, Alejandro Mirlo y Julián Tanconi del ayllu Guaraya, Romualdo Mamani, hilacata y Narciso Cortez originario del ayllu Chambi; todos de la gran comunidad de Tihuanacu, provincia Ingavi. Expresamos que hace ya largo espacio de tiempo, que el señor Benedicto Goytia aprovechándose de la situación ventajosa de la política comenzó a introducirse en las propiedades comunarias de una y otra sección y en particular en los valiosos terrenos de Tihuanacu. Hecho seguido por el señor Fermín Prudencio, ambos cometieron crueles persecuciones mediante la fuerza pública.20
Uno de los primeros registros en los matutinos de prensa enviado por Santos Marka Tula ha tenido la siguiente información:
Nosotros los suscritos indios comunarios aymaras pertenecientes a los departamentos de La Paz y de la provincias de Pacajes, Sica Sica, Inquisivi, Ingavi, Omasuyos, Larecaja, Chulumani; departamento de Cochabamba, provincia de Tapacarí; departamento de Sucre [Chuquisaca], provincia Yamparaez; departamento de Potosí, provincia de Charcas y provincia de Porco; departamento de Oruro, provincia de Paria, provincia Carangas. Rogamos a su digna persona, se sirva insertar en su diario lo siguiente:
Hacemos constar ante el público que tanto la raza española como la raza aymara y quechua, que nosotros los comunarios hemos sido martirizados, ultrajados y vejados, esto es por los patrones y otros asaltadores que quieren arrebatarnos nuestros terrenos, pues nosotros estamos sujetos bajo las deliberaciones de nuestros virreyes del Perú, México y una ordenanza del año 1562. Además dice en nuestra ordenanzas que los sacerdotes o Ministros de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como su ilustrísima el señor Arzobispo y Obispos de Bolivia, que deben procurar la tranquilidad de la Nación y que se establezca el nuevo gobierno en común acuerdo de los bolivianos para que se cumplan todas las garantías de que deben gozar en esta nación y en general la raza indígena.
Sin otro particular, saludamos a Ud. Señor director, sus atentos y seguros servidores comunarios: José Aduviri, Blas Castillo, Manuel Choque, José María Victoria, Nicolás Mamani. A ruego de los representantes Santos Marca Tola, Ascencio Cero y Eduardo Nina.21
Pocas semanas después, nuevamente Marka Tula emite otra solicitud con los caciques apoderados de la República de Bolivia.
Nosotros los suscritos indios comunarios aymaras y quechuas pertenecientes a los departamentos de La Paz, Sucre [Chuqui-saca], Cochabamba, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Beni y Uyuni [sic], suplicamos a su bondad, se sirva insertar en su ilustrado diario lo siguiente: El Virrey Hurtado de Mendoza en cumplimiento a la Cédula Real, expidió orden de ejecución en la ciudad de los Reyes, de acuerdo con los oidores fiscales y oficiales reales en 24 de septiembre de 1592, declarando la prioridad en el derecho sobre los Charcas, tierra vinas para bien y utilidad de los dueños y pobladores que son los indios Misayos, prohibiendo a los españoles, mestizos masatas que de sus posesiones en las ciudades donde residan, no se les repartan tierras, estancias, chacras y encargando su cumplimiento al Presidente de la Audiencia de Charcas y al Cabildo. El mismo Virrey de Mendoza, ordena el 30 de septiembre de 1582, que para cumplir con lo mandado por su Majestad no se otorgue tierra a los españoles y mestizos y que para las necesidades en la defensa de las comunidades contra los herejes y una griega que ha mandado despachar, se sirvan las tierras que no estuviesen concedidas antes por los Reyes Don Juan Apo Inca, Álvaro Casaca y Cárdenas, Cacique y Gobernador del pueblo de Yaco, presentó ante el escribano de su majestad, Ruíz de Gonzáles de Rivera. En 8 de octubre de 1592, Sebastián y Carlos Llanqui, Caciques y Gobernadores de Jesús de Machaca en 1506, Carlos Marca Tola y Juan Apaza, Caciques y Gobernadores de Curaguara de Pacajes de 1506.22

Por este antecedente tan llamativo, el nombre de Santos Marka Tula ya era conocido en el escenario nacional.
Dice que es apoderado de las comunidades de Hilata, Urinsaya, Chambi, Taipi Cham-bi, Chua, Rivera, Huari, Huachu Unto y otras. Para gestionar sus asientos en los tribunales de La Paz, Potosí y Sucre, ciudades en las que viajaba constantemente. Feliciano Condori de Ayo Ayo y Dionisio Paxipati de Tihuanacu, se han encargado de recorrer las capitales de las provincias de La Paz.23
Mediante una solicitud de los caciques principales, quisieron probar sus legítimos derechos de los primeros años del coloniaje. Pidieron un deslinde general de todas las comunidades. A la negativa de sus memoriales recurrieron a los alzamientos indigenales en varios puntos del altiplano paceño.
En vista de estos sucesos altamente peligrosos, se capturó a los principales caciques. Faustino Llanqui, 24 cacique gobernador de Jesús de Machaca; Santos Marka Tula, cacique de Call apa y Ulloma; Tomás Paco de Calamarca; Esteban Quispe de Ayo Ayo; Feliciano Condori de Ayo Ayo; Francisco Tancara de Calaco-to. De Viacha: Lorenzo Condori, Manuel Choque, José López y José Sirpa. De Tihuanacu: Dionisio Paxipati, Pedro Tar-qui, Clemente Limachi, Justo Chambilla y Gregorio Pérez. De Caquiaviri: Mateo Alfaro y Francisco Imaña. De Sica Sica: José Aruviri y Juan Churi Apaza. De Curaguara: Mariano Pocori. De Pucarani: José Lecoña y Esteban Limachi. De Laja: Raimundo Ticona y Cayetano Javier y de Calamarca Ascencio Coro.
Unas semanas anteriores a este acontecimiento se realizó una polémica entrevista entre los dos cacique principales: Santos Marka Tula cacique de Sica Sica y Faustino Llanqui cacique de Jesús de Machaca.


El encuentro consistió en uniformar la acción de la rebelión. Ambas autoridades acordaron designar un jefe único que liderizara la sublevación. Marka T'ula alegó su propio nombre, argumentó que él había movilizado a toda la República. Llanqui, por su parte, señaló que le correspondía ese nombramiento por la razón de que en años anteriores la región de Machaca había sido escenario de varios levantamientos.
Al no coincidir el mutuo acuerdo, se produjo el enfrentamiento por el CACICAZGO. Santos Marka T'ula pretendió imponer su autoridad en la zona del conflicto. Llanqui recurrió a las autoridades para acusar la intromisión del cacique de Sica Sica. Además pidió no inmiscuirse en los asuntos de Jesús de Machaca. Por tal razón, Faustino Llanqui se anticipó al levantamiento, convocando a todos los indígenas del lugar.
Durante la presidencia de Bautista Saavedra, Marka T'ula envió a las autoridades
correspondientes dos notas por demás llamativas.
En la primera comunicación se le negó la solicitud al cacique aymara. La expresiva nota comunicó: "Resolución Suprema de 18 de mayo de 1922. Deslinde administrativo — Niéguese el solicitado por varios comunario indígenas:

MINISTERIO DE GOBIERNO, CORREO Y TELÉGRAFOS.-
La Paz, 18 de mayo de 1922.
Visto el memorial presentado por Santos Marca Tola, Mariano Pocori, José Aduviri, Juan Churi Apaza y otros caciques pidiendo se ordene el deslinde de varias comunidades de la jurisdicción de los departamentos de La Paz, Oruro y Chuquisaca.
Considerando que el Poder Ejecutivo carece de competencia legal para ordenar el deslinde que se interesa, facultad que es peculiar y privativa de Poder Judicial conforme a lo preceptuado por los artículos 198 de la Constitución Política del Estado, 215 y 229 de la ley de Organización Judicial.
RESUELVE: No habiendo lugar a ordenarse el merituado deslinde administrativo, puedan los presentantes hacer valer sus derechos en la forma que creyeren conveniente.
Regístrese y devuélvase. Bautista Saavedra - A.S. Saavedra.25
La segunda petición tiene connotaciones más relevantes, ya que se trata del pedido a nivel nacional.
Nosotros los abajo suscritos, indios comunarios caciques originarios quechuas y aymaras, contando además con los representantes de La Paz, Sucre, Cochabamba, Potosí, Oruro, Santa Cruz, Tarija, Beni, Uyuni; todos en general de la República.
Póngase en ejercicio lo mandado en los artículos 1, 2 y 3 del decreto dado en Trujillo a 8 días del mes de abril de1900, sobre repartimiento de tierras- Nosotros deseamos que la Comisión Revisadora
General y Registradora de la República. Los citados papeles antiguos que existen en la oficina de Derechos Reales, la cédula mitaya de Potosí. Visita General. Esta comisión será lo que se encargue de revisar estos archivos antiguos para que sobre esta base se practique la nueva revisita de toda la República, póngase en ejercicio lo mandado por los artículos 34 y 35 del Decreto de Trujillo a 8 de abril de 1824. Nosotros pedimos a la comisión revisadora con arreglo a las leyes de codificación, referente al sistema agrario o tierra de comunidad a partir de 1824 a 1917.

Todos estos pueblos que vamos a presentar la lista queremos saber de qué modo se hallan en continuo litigio, no sabemos de quien es el que maniobra la discordia; los indios serán causantes, los corregidores o jueces o los párrocos. Escribo señor Ministro de Hacienda en mérito de las razones que expresan, pedimos que se nos facilite el testimonio de los títulos antiguos que se registran en las fechas siguientes: 1500-1566-1573-1582-1593-1725-1745. Que debe existir en los archivos por decreto del 15 de septiembre de 1795 a Don Miguel Antonio de Erelanza por juez de los indios de todas las provincias, pueblos y representantes a efecto de la mita del Cerro de dicha Villa, con los cuales parece que los indios pagaron fuertes sumas de composición para adquirir los límites de la Corona de España y el dominio de dichas tierras.
Pedimos que se nos dé el testimonio íntegro de dichos años, todos los caciques representantes del departamento de La Paz: Santos Marca Tola, Julián Siñani, Manuel Churqui, Nicolás Mamani, Pedro Aduviri, Eusebio Murata, Manuel Pacosillo, Pedro Flores, Pascual Callisaya, Angelino Aguilar, Roberto Quispe y Nicolás Sullca.
Resolución Ministerio de Guerra y Colonización, La Paz, 9 de febrero de 1923.26
Santos Marka Tula con las principales autoridades comunales intensificaría su reclamo insistentemente por los derechos territoriales. Así emitieron al Ministerio de Colonización un nuevo pedido: "Remítase la solicitud presentada por los indígenas comunarios Santos Marca Tola, Manuel Churqui, Nicolás Mamani y Julián Siñani, al Ministerio de Hacienda".27
En el trascurrir del mes de julio de 1923, Marka Tula movilizó a los indígenas de Timusi, provincia Muñecas, para un levantamiento insurreccional en la mencionada región. La autoridad aymara quiso recuperar las comunidades convertidas en haciendas, para luego si se daba el caso, devolverlas a sus legítimos propietarios.

Para esto organizó en la ciudad de La Paz, propiamente en el tambo "Kaluyo", ubicado por entonces en la calle Tumusla, su centro de operaciones, donde llegaron varios apoderados y litigantes.
Al tomar noticia las autoridades policiales de este suceso sedicioso, en los posteriores días se lo capturó e inmediatamente fue enviado a prisión.
Cuando se daba paso a esta solicitud, extrañamente en los meses siguientes se los condujo a la prisión, "acusado de conmoción subversiva". Esta detención no desanimó en nada las justificadas peticiones ante las autoridades gubernamentales. Desde la penitenciaria, Marka Tula, dirige la lucha de los caciques.28
En conversación mutua, los principales representantes de las comunidades exigieron el pedido de sus demandas. Una de estas solicitudes, fue gestionar la construcción de escuelas indigenales.

EL CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA "BARTOLOMÉ DE LAS CASAS"
Casi a finales de octubres de 1929, los caciques indígenas fundaron el "Centro Bartolomé de las Casas". Este centro tuvo como propósito principal impulsar la enseñanza originaria. Aunque ya algunos de sus miembros habían fundado con sus propios esfuerzos cuarenta escuelas en el altiplano; llegando a un total de cinco mil alumnos. En todo caso, la sociedad educativa indígena fue exclusivamente obra de los caciques del departamento de La Paz.
La nueva organización educativa contó con la colaboración de los "Amigos de la Ciudad" y el "Centro Intelectual 20 de Octubre".
El nuevo directorio estuvo constituido por las siguientes personas: Presidente Honorario, señor Emilio Villanueva; Director General, Tomás Lagos Molina; Presidente Titular, Anselmo Choque; Vicepresidente, Rufino Wilca; Tesorero, Antonio Mendoza; Secretario, Toribio Catacora y Marcelino Jiménez; Concejeros: Florencio Flores (cacique), Dionisio Paxipati (Tihuanacu), Mariano Flores, Pedro Arabiri (Taraco), Feliciano Aruquipa (Chijini), Antonio Quispe (Italaque), Santos Marca Tola y Santiago Mamani (Curaguara), Celedomio Luna (Chijini), Marcelino Flores Mamani (Achacachi), Santos Mamani y Santos Cornejo (Achacachi).29
Bolivia en la transición gubernamental de 1929 a 1930, protagonizaba momentos críticos de inestabilidad. La caída de los valores económicos en el extranjero influyó de alguna manera. Producto de esta crisis, a mediados de 1930, estalló un golpe militar que derrocó al doctor Hernando Siles. El nuevo gobierno cayó en manos de una Junta Militar.
Los gobiernos del período republicano enfrentaron un estado de permanente falencia económica y convulsión social, que desbordaba ya los marcos de la antigua "Barbarie" rural y se expandía a las ciudades y a los centros mineros. Las fluctuaciones en los precios internacionales de las materias primas que exportaba Bolivia y la propia lógica de acumulación del sector minero exportador habían terminado con la fase competitiva de la minería boliviana, dando paso a un creciente monopolio en la inversión minera.30


En ese escenario político, nuevamente varios comunarios indígenas reclamaban a la Junta de Gobierno la construcción de escuelas. El comunicado hizo conocer el siguiente pedido:
Nos toca insistir en la necesidad de medidas eficaces para anular la acción obstruccionista de patrones, autoridades y curas explotadores del trabajo, la ignorancia y la inconcien-cia continúan teniendo un aliado en el gobierno, mientras este no se situé de manera franca de parte de la mayoría oprimida. Con lo expuesto, los indígenas continuamos esperando la resolución que satisfaga el aspecto educacional de su interés. Se suscriben con toda atención: (Fdo.) Santos Marca Tola, por la comunidad de Curahuara y Chacniuillca-ni (La Paz); Anselmo Choque, por la comunidad de Machacamarca (La Paz); Feliciano Maraza a ruego de Doroteo Escopa; cacique de la comunidad de Cacachaca (Oruro) y varias firmas.31

El cacique aymara de esta investigación, colocó su esperanza de justicia en el nuevo gobierno. Aunque esta aspiración no prosperó debido a la incomprensión de las autoridades.
En el transcurso de la primera mitad de 1931, Marka Tula realizó un viaje a la ciudad de Sucre, los motivos de su estadía fueron reunirse con las autoridades comunarias. No obstante, mediante una mala información, el líder aymara fue capturado y encarcelado.
Por medio de un telegrama dirigido al Presidente de la Republica por el Intendente de Policía de Seguridad de Sucre, comunicaron que el indígena Marca Tola y compañeros fueron capturados por policías, debido a actos de sedición con carácter comunista.32
Anoticiado por la mala situación que pasaban los indígenas capturados, asumió la correspondiente defensa el Senador Jaime Mendoza.33
Mendoza hizo las gestiones para sacarlos de la cárcel, agregó que era una tarea difícil por la misma burocracia de la justicia. Entonces apeló a la Corte Suprema de Justicia de Sucre mediante el recurso de Habeas Corpus.

También salieron en su defensa la Federación Obrera de Trabajadores de Sucre. La autoridad protectora, fiel a sus principios y consciente de su deber de justicia, tomó la defensa de los trabajadores campesinos. En este caso de Santos Marca Tula, Feliciano Maraza y Martín Choque, apresados el 27 de abril de 1931.34
La comisión Pro defensa de los indígenas, se entrevistó con el Fiscal General, quien manifestó no ser de su jurisdicción conocer el asunto. Llegaron a prejuzgar con un criterio parcial injustificadamente. Los escritos presentados por la Federación Obrera de Trabajadores fueron negados, por el simple hecho de la falta de jurisdicción.
Quedó entonces en un cuarto intermedio resolver el juicio seguido por las autoridades judiciales contra un grupo de representantes indígenas.

El conflicto chaqueño (1932-1935)
Las circunstancias sociales y políticas del momento hicieron que una Junta Militar alejara de su cargo al doctor Hernando Siles. Con esta decisión promulgaron el decreto de convocatoria a elecciones generales.
Una campaña periodística organizada y fomentada por los magnates mineros hizo que el doctor Daniel Salamanca postulara al cargo de candidato a la presidencia de la República. Salamanca se inscribió a las elecciones como el "candidato único". El resultado de los comicios favoreció ampliamente al cochabambino. Correspondió entonces al gobierno de Daniel Salamanca afrontar la crisis más honda de la nacionalidad. El 15 de julio de 1932, una fracción del ejército del Paraguay desalojó una guarnición boliviana de Laguna Chuquisaca, llamada por los adversarios Pitiantuta; en represalia las fuerzas nacionales, el 28 de julio, capturaron los fortines paraguayos Toledo y Corrales. Aunque también hay que considerar que está demostrado por documentos que los monopolios petroleros internacionales pugnaban por apoderarse de áreas geográficas presuntamente ricas en hidrocarburos, en aquella zona de conflicto.
El reclutamiento indígena en el altiplano y los yungas paceños, ha tenido un rol protagónico. La disposición fue de carácter obligatorio, por los resultados penosos y lamentables se tuvo que acudir a esta determinación. El aporte indígena en el conflicto chaqueño ha tenido connotaciones peculiares, con la actitud patriótica que demostraron las comunidades indígenas de La Paz.
Además de ofrecer su concurso para la guerra solicitaron la búsqueda de documentos coloniales, específicamente el pedido fue encontrar los títulos correspondientes al Gran Chaco. La solicitud correspondió a Santos Marka Tula y varios caciques apoderados.

Santos Marca Tola, domiciliado en Curaguara de Pacajes, cacique de Callapa y Ulloma; Rufino Villca, cacique principal de la provincia de Omasuyos Achacachi, ayllu Belén; Mateo Alfaro, cacique de Caquiaviri, ayllu Llimpi de la provincia Pacajes; Luciano Marca Tola, cacique de Callapa y Ulluma; Dionisio Paxipati, cacique principal de Tihuanacu; Francisco Mata, Alcalde Mayor de Huarina; Pedro Paucacra, Alcalde Mayor de Laja; Leandro Pocoaca, Alcalde Mayor de Viacha; Manuel Casilla, Alcalde Mayor de Curaguara; Vicente Quispe, Alcalde Mayor de Sica Sica y Carlos Gillco, Alcalde Mayor de Sapahaqui. Nos presentamos ante su autoridad, todos los arriba indicados, caciques gobernadores del departamento de La Paz, ofrecemos nuestros servicios en el actual conflicto internacional a fin de contribuir en la defensa de la patria; poniendo a nuestros hijos a órdenes de nuestro mandatario Dr. Daniel Salamanca.35

Estos trámites y papeleos tuvieron ocupado a Santos Marka Tula en la ciudad de La Paz durante casi toda la campaña del Chaco; acudiendo a las altas autoridades imponiendo incansablemente Boletines y Circulares que contenían la ley y los derechos de los indios.36
En esos momentos, el ambiente social de las comunidades indígenas presentaba un lamentable drama habitual. Muchos jóvenes no retornaron a sus lugares de origen. La disposición para esta situación fue la orden de los altos mandos militares superiores, emitiendo la captura coercitiva de los jóvenes.
La estrategia del reclutamiento forzoso, como explica Roberto Choque: "consistía en realizar llegadas de sorpresa en las comunidades indígenas, algunas veces aprovechando las fiestas a las ferias de los pueblos".37

En la mayoría de los pueblos ocurrieron estos métodos de enrolamiento forzoso al ejército. Bien podría ayudar en este caso la historia oral; de alguna forma rescataría gran parte de las vivencias de las comunidades.
Por otra parte, en el corto período conflictivo, los resultados no fueron de los mejores para el destacamento boliviano. Producto de estos efectos negativos, Salamanca se trasladó hasta la localidad de Villa Montes en compañía de algunos ministros de su gabinete, para hacer cumplir órdenes que en su condición de Capitán General del Ejército había impartido reestructurar el alto mando militar.
La comitiva presidencial llegó a Villa Montes, el mandatario dispuso el relevo de Enrique Peñaranda. Este hecho motivó una reunión de jefes y oficiales del Comando Superior, que consideró la medida como una ofensa al Ejército Boliviano. En esa misma reunión acordaron la inmediata ejecución de un golpe de estado. Para cumplir con éxito este operativo, que más tarde se conoció con el nombre del "Corralito de Villa Montes", al amanecer del 27 de noviembre de 1934, el alojamiento del doctor Salamanca y su comitiva estuvo rodeado por efectivos armados.
Al día siguiente, a instancias del Comando Superior asumió la primera magistratura el Vicepresidente doctor José Luis Tejada Sorzano. En círculos oficiales Sorzano fue reconocido como Primer Mandatario.


A inicios de 1935, nuevamente retoñaron varios levantamientos indígenas. Una de las causas fue la disconformidad por los abusos que cometían las autoridades judiciales. Esta confrontación originó que varios cabecillas indígenas fueran conducidos a las celdas de San Pedro. Estas injustificadas detenciones no fueron impedimento para callar las voces de protesta. Más al contrario, sirvió a los presos para fundar una organización.
En celdas de San Pedro, los presos indígenas fundaron una agrupación social autóctona. Este gremio era un tanto parecido a la Sociedad República del Qullasuyo, fundada por el genuino educador Leandro Nina Quispe.38

La Sociedad Jhathun Kolla
Dos meses antes de la firma de Paz del Chaco, se organizó en la ciudad de La Paz, la Sociedad de Indígenas "Jhathun Kolla". Esta organización manifestó cooperar con el Estado para obtener el triunfo en la guerra.
La significativa agrupación emitió a la opinión pública nacional, los fines y alcances en que estaba basada su organización: Jhathun Kollasuyo Tama (Sociedad del Gran Kollasuyo). Con motivo de haber sido puesto en libertad el día once del mes en curso a los principales mallkus que estaban en el Panóptico Nacional, acusados por sublevarse; los yoalas de los distintos departamentos de la República reunidos en gran UJAKHA-Asamblea-constituyeron en el indicado día su TAYKA UJUKHA-Comité Matriz Ejecutivo para realizar los tópicos siguientes. De cooperar al Estado eficazmente para intensificar la guerra hasta obtener el triunfo final de los legítimos derechos de nuestra causa. Colaborar a la intensificación de la instrucción indígena, hasta obtener su evolución efectiva conforme al espíritu del progreso y de conformidad a su medio cósmico indigenal. Pedir protección y amparo a los poderes públicos del Estado, a favor de los indios contra los despotismos y extorsiones, invocando el espíritu de justicia, igualdad y confraternidad. De fraccionar los estatutos respectivos a pedir su aprobación del Ministerio de Gobierno para la organización jurídica de Jhathun Kollasuyo Tama, con ramificación de todos los departamentos, provincias, cantones, ayllus, con espíritu de saimas-cooperativas. Para la ejecución de los anteriores tópicos, se ha instituido un comité ejecutivo, el cual está formado por el siguiente personal:
Auki Wari Willka-Jefe, presidente-Santos Marca Tola, representante de los Ayllus del departamento de La Paz.

Unisiri Mallku- Secratario Gregorio Mamani, representante de los Ayllus de La Paz; Chuki Ima-Tesorero, Celedonio Luna; Arsuri Mallku Vocal, Mariano Mamani representante de los Ayllus del departamento de Potosí; Arsuri Mallku Esteban Khawana, representante de los Ayllus del departamento de Oruro; Arsuri Mallku Cayetano Warachi, representante de los Ayllus del departamento de Oruro; Arsuri Mallku Gregorio Titirico, representante de los Ayllus del departamento de La Paz.
Además la Ujakha ha acordado dar a la publicidad un órgano de prensa bilingüe intitulado "Mallku" que interpretará las inquietudes indigenales. También se ha designado como socios protectores a las personalidades siguientes: Doctor José Luis Tejada Sorzano, Presidente de la República; Dr. Juan María Zalles, Dr. Bautista Saavedr, Dr. Gabriel Gozálvez, Dr. Enrique Baldivieso, Dr. José Espada Aguirre, Dr. Waldo Belmonte Pool, Profesor Arturo Posnansky, José Salmón Ballivián, Humberto Muñoz Cornejo, Juan Cabrera García; los señores directores de "El Diario", "La Razón", "La República", "Ultima Hora", "Tribuna" y "Universal".39
Durante la gestión de 1938, o sea un año antes del fallecimiento de Marka T ula, el cacique aymara, demandó insistentemente sus demandas. Así, por ejemplo, damos a conocer tres solicitudes.
Solicitud N° 1
N° 85 Informe de la Comisión de Amparo y Protección de Indígenas a la solicitud del Cacique de Curaguara.
H. Congreso Nacional
Vuestra honorable Comisión de Amparo Indigenal ante la solicitud de Santos Marca Tola, cacique principal de Curaguara, de Callapa y otros, solicitando aprobación del proyecto de la ley de REVISITA DE TIERRAS DE ORIGEN de la República os propone el siguiente proyecto ley.
Art. A partir del 1 de septiembre de 1938 hasta el 31 de diciembre del presente año, VERIFÍCASE UNA REVISITA GENERAL DE LAS TIERRAS DE ORIGEN EN TODA LA REPÚBLICA, por una comisión especial del Poder Ejecutivo, la misma que distribuirá su trabajo en comisión departamental y provincial.

Art. Esta Comisión Revisadora estará asesorada por letrados e ingenieros, presentando sus conclusiones y croquis territoriales el 31 de diciembre de 1938.
Sala de sesiones de la H. Convención Nacional. La Paz, 19 de julio de 1938".40
Solicitud N° 2
N° 200, Informe de la Comisión de Hacienda a la solicitud de Santos Marca Tola, Dionisio Paxipati y otros.
En la petición de los indígenas Santos Marca Tola, Dionisio Paxipati y otros exigiendo la derogatoria del Decreto Supremo que crea el impuesto sobre Marcas de Ganado, vuestra comisión de Hacienda opina porque no habiendo sido aún considerado por la Convención Nacional los Decretos Supremos de las Juntas Militar de Gobierno para su aprobación o rechazo, sea desestimado salvo el mejor parecer de la Convención Nacional.
La Paz, 31 de agosto de 1938.41
Solicitud N° 3
N° 276. Informe de la Comisión de Petición de Indígenas a la solicitud de Santos Marca Tola y Rufino Villca.
Vuestra Comisión de Petición de Indígenas, después del atento estudio de la reclamación que hacen los caciques Santos Marca Tola, Rufino Villca y otros de las provincias del departamento de La Paz para la fundación de Escuelas Indigenales y aprobación de documentos adjuntos. Esta comisión creé conveniente que dicha petición debe ser considerada por las comisiones de Hacienda e Instrucción aprobando que pase a conocimiento para su estudio respectivo.

Sala de sesiones de la H. Comisión. La Paz, 4 de octubres de 1938.42
De esta manera Marka T ula con varias autoridades comunales protagonizaron en el escenario político las demandas a favor de los sectores mayoritarios desposeídos de sus tierras. Pero esta lucha y su prisión en varias oportunidades, tendría un alto precio en su vida. En los meses posteriores, debido a la delicada situación de su salud, llegaba la trayectoria final del emblemático líder aymara. "Falleció en la pobreza el Cacique Santos Marca Tola". Así tituló el periódico La Crónica, en su edición del martes 14 de noviembre de 1939, p.8. La misma información en sus partes centrales, destacaba:
Ayer en la mañana se ha producido un hecho lamentable en el Hospital General de Miraflores, el fallecimiento del cacique indígena Santos Marca Tola, que como se recordará tuvo una destacada actuación en diversa épocas en defensa de los derechos de los indígenas. El Cacique Marca Tola constituyó en más de una ocasión algo así como la pesadilla de los gobiernos y muy en especial de los gamonales que se aprovechaban de las tierras de los comunarios. Santos Marca Tola se presentaba ante los ministerios, prefecturas y aun al mismo Congreso Nacional, pidiendo los papeles de las "revisitas de tierras de origen". En fin, se puede decir que consagró su vida entera a la defensa de los derechos indígenas.
Poco después del fallecimiento de Santos Marka Tula, continuaron las demandas sociales reivindicatorias, varios caciques y apoderados de La Paz, juntamente con otros representantes de la República.
Previamente a conocer dos de las varias solicitudes presentadas, aparece en estos memoriales el nombre de Andrés Marka Tula, hijo descendiente de Santos Marka Tula. El joven Andrés se unirá con varias autoridades cacicales, para demandar ante las autoridades de Estado las justas demandas a sus derechos.
Primera solicitud:43

N° 93 INFORME DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN DE INDÍGENAS A LA SOLICITUD DE RUFINO VILLCA Y OTROS.
Vuestra Comisión de Asuntos Indigenales hecho el estudio consiguiente de la solicitud de Rufino Villca y numerosos caciques y comunarios de diversas provincias de los departamentos de La Paz, Potosí, Oruro y Cochabamba. Solicitando que en cumplimiento del dispuesto por el artículo 34, inciso 5 de la Ley de Organización Política para que las autoridades encargadas nombren alcaldes de acampo y pidiendo autorización para dichos alcaldes de campo puedan fundar escuelas indigenales en sus ayllus y comunidades a su expensa, pidiendo para eso solo garantías y libertades. El anhelo de los impetrantes es laudable y digno de que
los poderes públicos alienten y ayuden los propósitos de estos nobles indígenas.
Dígase al Poder Ejecutivo que la H. Cámara de Diputados considera de indispensable urgencia que el Ministerio de Asuntos Indigenales atienda en forma inmediata y eficaz la solicitud de Rufino Villca y demás caciques de los otros departamentos.
Segunda solicitud:

N°155 INFORME DE LA COMISIÓN DE INDÍGENAS A LA SOLICITUD DE RUFINO VILLCA Y OTROS
Vuestra Comisión de Asuntos Indigenales después de estudiar y compulsar con prolijidad el expediente presentado por los indígenas Rufino Villca, Dionisio Patzipatipati, Andrés Marca Tola (hijo), Mateo Alfaro y otros caciques de las parcialidades de Achacachi, Tihuanacu, Curahuara, Caquiaviri y Sica Sica, pidiendo amparo y garantías contra Enrique y Jorge Loza, Emilio y Francisco Chiinel, Hugo Ernst, Desiderio Franco, Juan Peroú, Jorge Zalles, Néstor Quisbert, Guido Ayala, Jorge Meave, Isaac Quisbert y otros por haber estos despojándoles con violencia sus tierras de Corapata en la jurisdicción de Pucarani, Belén en Achacachi, Chua, partido de Santiago de Huata, Huancollo en la jurisdicción de Tihuanacu y piden la restitución de esas propiedades mediante una ley, denunciando a la vez que estas propiedades se encuentran desde muchos años en poder de los usurpadores
Dígase al Poder Ejecutivo que la H. Cámara de Diputados vería con agrado que por intermedio del Ministerio de Gobierno y en conformidad del artículo 9 de la ley del 3 de diciembre de 1888, ampare y haga otorgar amplias garantías a los indígenas contra los denunciados a fin de que se abstengan de despojos y cometer atropellos en la tierra de los impetrantes. La Paz, 4 de noviembre de 1940. Secretaría de la H.C. de Diputados.

Comentario
Una larga trayectoria de lucha comunal han protagonizado los caciques apoderados de Bolivia. Esta particularidad hace que hayamos centrado esta investigación en el líder aymara Santos Marka T'ula, que valiéndose del limitado conocimiento de la escritura y lectura, emprendió incansablemente su labor de reivindicación.
Así también habrá que puntualizar el legado dejado por Túpac Katari, los hermanos Dámaso, Nicolás y Tomás Katari, líderes indígenas de las rebeliones de 1780. Junto a ellos se sumaron las valerosas mujeres como Gregoria Apaza y Bartolina Sisa, que acompañaron en el complicado camino de la recuperación de sus tierras.
Por otra parte, estas demandas no solo fueron la recuperación de sus tierras de origen. También la educación ha tenido un papel central en sus demandas. A éstas se sumaron la desaparición del sistema de explotación llamado pongueaje y la contribución de los impuestos a los indígenas.
Por lo mencionado anteriormente, habrá que rescatar de los archivos y hemerotecas de Bolivia, figuras emblemáticas que dejaron testimonios de su vida.
Para finalizar, este tema referido a los caciques y apoderados tendrá que ser enfocado alternativamente con más profundidad, para enriquecer más a la investigación, ya que la misma representa páginas vividas por representantes de las comunidades indígenas de Bolivia.

Notas
1   Aporte por de más valioso ha realizado el Taller de Historia Oral Andina (THOA). Recuperó mediante la tradición narrativa, la trayectoria combativa de Santos Marka T'ula.
2   Roberto Choque. "De la defensa del Ayllu a la creación de la República del Qullasuyo: Historia del Movimiento Indígena en Bolivia (1912-1933)", Ponencia presentada del III Encuentro de Estudios Bolivianos en el Centro Portales, Cochabamba, 1985.
3   Leyes, Decretos, Órdenes Resoluciones de 1834, p.121.
4   Raúl Calderón Jemio. La Rebelión de 1858-1860 en la Provincia de Omasuyos. La Paz: Ediciones Graficas "E.G.", 1993, p. 13.
5   Ramiro Condarco Morales. Zárate: El "Temible" Willka, Historia de la Rebelión de 1899 en la República de Bolivia. La Paz: Editora Renovación, 1982, p. 175.
6   Proyecto de Ley e Informes de Comisión de la Cámara de Diputados de 1907, p. 336.
7  Memoria del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de 1908, p .87.
8   Proyecto de Ley e Informe de Comisiones de la H. Cámara de Diputados de 1908, p.295.
9   El Tiempo. La Paz, 11 de enero de 1913, p .3.
10  Memoria de la Prefectura del Departamento de La Paz (1914-1917), p. 4.
11  El Tiempo. La Paz, 25 de marzo de 1914, p. 1.
12  Carlos Mamani Condori. Taracu 1866-1935: Masacre guerra y "Renovación" en la biografía Eduardo Leandro Nina Quispe. La Paz: Ediciones Aruwiyiri, 1991, p. 67.
13  La Verdad. La Paz, 20 de agosto de 1915, p. 5.
14  El Diario. La Paz, 2 de julio de 1916, p. 2.
15  De acuerdo a la investigación realizada por el historiador y archivista Pedro Callisaya en su libro Ambana 1917-1933, refiriéndose a Mariano Quispe menciona: "Mariano Quispe nació en la comunidad Pareti en 1870. Desde temprana edad vio cómo los patrones abusaban a los indígenas, producto de la ley de ex vinculación de tierras que dictó Melgarejo; que ponía en subasta las propiedades comunarias a favor de la clase privilegiada. La tierra era la razón de existir de las comunidades. Dejó huella en su persona, la participación de los indígenas liderizados por Pablo Zárate Willka en 1899. Desde ese tiempo comprendió que era necesario defender las tierras de origen. En 1916 fue nombrado apoderado de Pareti y como tal representó dignamente a su comunidad. Su labor también estaba vinculada con la Educción Indígena, junto al gran educador Leandro Nina Quispe".
16  La Verdad. La Paz, 28 de noviembre de 1916, p. 4.
17  El Tiempo. La Paz, 5 de abril de 1917, p .3.
18  Roberto Choque y Esteban Ticona. Sublevación y Masacre de Jesús de Machaca de 1921. La Paz: Fundación Diálogo, 1998, p. 13.
19  La Verdad. La Paz, 20 de marzo de 1921, p. 1.
20  El Hombre Libre. La Paz, 24 de agosto de 1920, p. 4.
21  La Reforma. La Paz, 20 de enero de 1921, p. 5.
22  La Reforma. La Paz, 8 de marzo de 1921, p. 3.
23  La Verdad. La Paz, 22 de marzo de 1921, p. 1.
24  Faustino Llanqui, cacique de la comunidad de Hanco, consiguió el apoyo de los indígenas de Jesús de Machaca para la recuperación de sus tierras de origen. Previo a esta situación Faustino y su hijo Marcelino Llanqui, obtuvieron la autorización del gobierno para instruir ambulantemente a los niños indígenas del lugar. Pocos años después de los sucesos lamentables de Jesús de Machaca, ambos aymaras fueron sentenciados a la pena de muerte. No obstante, cuando la Junta Militar de Gobierno se hizo cargo del Estado, mediante el uso de sus atribuciones legislativas, cambiaron el fallo por la de diez años de confinamiento en el lugar de Charagua Parapeti. Hay que tener en cuenta que en ese entonces Faustino tenía 90 años y Marcelino 40. En tal situación, el primero falleció en la cárcel y el segundo salió en estado lamentable.
25  Anuario Administrativo de Leyes y Resoluciones de 1922, p. 324.
26  La Verdad. La Paz, 1 de mayo de 1923, p. 3.
27 Anuario Administrativo de Leyes y Resoluciones de 1923, p. 106.
28  El indio Santos Marka T^ula. Cacique Principal de los ayllus de Qallapa y Apoderado General de las Comunidades Originarias de la República. La Paz: Taller de Historia Oral Andina, 1988, p. 36.
29 El Diario. La Paz, 19 de octubre de 1929, p. 5.
30   Silvia Rivera Cusicanqui. Oprimidos pero no vencidos. Lucha del campesinado aymaray quechua de Bolivia, 1990-1980, Ginebra, Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social, 1986, p. 43.
31 La Razón. La Paz, 30 de noviembre de 1930, p. 7.
32 La República. La Paz, 19 de mayo de 1931.
33  Jaime Mendoza González nació en la ciudad de Sucre el 25 de julio de 1874, falleció en su ciudad natal el 26 de enero de 1939. Fueron sus padres don José María Mendoza y doña Gabina González de Mendoza. Luego de haber concluido sus estudios en el colegio San Cristóbal, ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Francisco Xavier. En 1901 defendió su tesis con el título "La Tuberculosis en Sucre". Como médico asistió a la guerra del Acre (1903-1905). Posteriormente ingresó al campo profesional, en base a sus propios méritos obtuvo la cátedra en las materias de Patología interna, Pediatría, Psiquiatría y Medicina Legal. Fue el primer rector del periodo autonomista (1930). Senador de la República (1931-1936). Mérito indiscutible fue haber concurrió a la Campaña del Chaco con el cargo de director de los Hospitales de Machereti y Charagua.
Por otra parte, Mendoza aportó innegablemente al campo académico de le Geografía e Historia. Respecto al intelectual chuquisaqueño, Valentín Abecia Baldivieso en su libro Historiografía Boliviana, editado en 1965, p. 352, menciona: "Desde el punto de vista historiográfico, la obra de Mendoza tiene valor documental y de investigación, todos sus escritos tocan aspectos históricos, cartas y relaciones del pasado boliviano, pero no todos sus estudios concretos son sobre historia, la historia la toma para reforzar su tesis central: El andinismo".La sensible personalidad de Jaime Mendoza se destacó también en los tribunales de justicia. Defendió justificadamente a Santos Marka T'ula y varios representantes indígenas. Sirve también destacar en estas breves líneas, sobre temas referidos a la educación indígena. Por la misma razón, el Senador sucrense tomó las sugerencias de Marka T'ula para gestionar la creación de las Escuelas Indígenas en el departamento de Chuquisaca.
34 La República. La Paz, 22 de mayo de 1931, p. 4.
35  La República. La Paz, 21 de junio de 1933, p. 6.
36  El indio Santos Marca T^ula. Cacique Principal de los ayllus de Qallapa y Apoderado General de las Comunidades Originarias de la República. La Paz, Taller de Historia Oral Andina, 1988, p. 47.
37  Roberto Choque. Historia de una lucha desigual. La Paz: Ed. Unidas de Investigaciones Históricas, 2005.
38  Roberto Choque. "De la defensa del ayllu a la creación de la República del Qullasuyo: Historia del Movimiento indígena en Bolivia (1932-1935)". Ponencia presentada al III Encuentro de Estudios Bolivianos en el Centro Portales, Cochabamba, 1985, p. 23.
El destacado historiador aymara en dicho encuentro relievó los alcances de la extraordinaria sociedad educativa en los siguientes términos: "A los pocos años de la sublevación de Jesús de Machaca, aparece en el escenario del movimiento indigenal el destacado indígena Eduardo Nina Quispe, apoderado general y director general de las Escuelas Indigenales. Nina Quispe ha sido preceptor de escuelas indigenales desde vario años antes que ocupara el cargo de director. El 26 de agosto de 1929, Eduardo Nina Quispe y otros presentaron a la Cámara de Senadores la dictación de leyes protectoras para la raza indígena. Esta petición la hicieron en calidad de preceptores indígenas. El 26 de enero de 1930 el Ministerio de Instrucción Pública y Agricultura, a través de una resolución ministerial, autorizó a los impetrantes L. Nina Quispe, Anselmo Aruquipa y otros a fundar escuelas en las comunidades de Sorata, Coroico y Pucarani. Para el 7 de agosto estaba programada la realización de un
Congreso de Preceptores Indígenas en el local de la Inspección Técnica de Instrucción Municipal. En el mismo local el 8 de agosto de 1930, fue fundada públicamente la "Sociedad República del Qullasuyo", cuyo Presidente era Eduardo Leandro Nina Quispe y Secretario General Pedro Castillo. La institución funcionó por espacio de dos años".
39 El Diario. La Paz, 15 de abril de 1935, p. 8.
40  Honorable Convención Nacional, Informe de Emisiones de 1938, p. 97.
41  Honorable Convención Nacional, Informe de Emisiones de 1938, p. 251.
42  Honorable Convención Nacional, Informe de Emisiones de 1938, p. 340.
43  Legislación Ordinaria de 1940. Informe de la H. Cámara de Diputados.

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THOMSON, Sinclair. Cuando sólo reinasen los indios. La política aymara en la era de la insurgencia. La Paz: Talleres Gráficos WA-GUI, 2010. 


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